Por decreto, el Gobierno restringe el acceso a la información pública
El Poder Ejecutivo introdujo cambios en la legislación vigente que incluyen una redefinición del concepto de "información pública", mayores requisitos para solicitar datos al Estado y más "protección" para los funcionarios.
El Gobierno nacional publicó el decreto 780/2024, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Este decreto redefine el concepto de "información pública" y establece nuevos requisitos para solicitar datos al Estado. Además, exime a las autoridades de responder solicitudes vinculadas con la "esfera típicamente doméstica" de los funcionarios.
El decreto surgió a partir de un dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en el que rechazaba pedidos de información sobre la cantidad de perros que viven con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, invocando la privacidad del mandatario.
Este enfoque ha generado preocupaciones entre organizaciones que defienden la libertad de expresión, ya que consideran que las modificaciones implican una restricción a derechos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.
El artículo 3 del decreto establece que no será considerada información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, las deliberaciones preparatorias o los papeles de trabajo. Esto ha sido cuestionado por especialistas como Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, y Luis Villanueva, especialista en políticas de integridad y anticorrupción, quienes calificaron la medida como una regresión en términos de derechos.
Además, el decreto amplía la reserva de la información relacionada con los funcionarios y exige más requisitos para quienes soliciten datos, como informar su nombre, domicilio y CUIT. Desde Casa Rosada aseguran que el objetivo es dar mayor racionalidad al sistema y evitar la saturación de solicitudes irrelevantes. Sin embargo, las críticas se mantienen y ya se están preparando presentaciones judiciales para impugnar la norma.
En el ámbito político, la diputada radical Karina Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública, ha calificado el decreto como inconstitucional y ha adelantado que llevará el tema al Congreso. Según Banfi, el Gobierno está desconociendo principios fundamentales sobre el acceso a la información, lo que podría vulnerar los derechos de los ciudadanos.
