Para el Estado es más caro otorgar beneficios fiscales a los sectores más adinerados que financiar jubilaciones y educación
Reducir impuestos a los sectores más ricos cuesta más al Estado (0,5% del PIB) que aumentar las jubilaciones y financiar la educación pública, que costaría solo 0,44% del PIB.
Recientemente, se ha revelado una disparidad significativa en la asignación de recursos públicos en Argentina. El gobierno ha decidido reducir varios impuestos, lo que resultará en una importante disminución de ingresos para el Estado.
En particular, la baja en los impuestos a los Bienes Personales y el impuesto PAIS (un tributo aplicado a las compras en el exterior) representará una pérdida de aproximadamente el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Este monto es mayor al 0,44% del PBI que habría costado aumentar parcialmente las jubilaciones, un proyecto que el presidente Javier Milei decidió vetar.
El impuesto a los Bienes Personales se aplica a las personas con propiedades valiosas, como grandes casas o autos de lujo. La reducción de este impuesto significa que estas personas pagarán menos al Estado. Por otro lado, el impuesto PAIS afecta las compras en el exterior y las importaciones, por lo que disminuirlo implica que el Estado ingresará menos dinero de estas transacciones.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha destacado que los recortes en la financiación de las universidades, que representan una reducción del 0,14% del PBI, son equivalentes a los beneficios fiscales concedidos a los sectores más ricos. Esto significa que el dinero que el Estado deja de ingresar por los beneficios fiscales a los ricos es similar al ahorro que se lograría al reducir el presupuesto para universidades.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, ha señalado que la inversión en educación debe basarse en los recursos disponibles y en mantener las cuentas públicas en orden. Sin embargo, el análisis muestra que, a pesar de la reducción de impuestos para los sectores más acomodados y el mantenimiento de beneficios especiales como el régimen industrial de Tierra del Fuego, la inversión en educación y ciencia queda rezagada.
Los recortes en educación y los beneficios fiscales para los sectores más adinerados reflejan una distribución desigual de los recursos, donde las necesidades de jubilados y el sistema educativo parecen ser menos prioritarios.
