Justo cuando Bahía Blanca atraviesa una catástrofe histórica con casi una veintena de vidas perdidas y daños materiales millonarios, el presidente Javier Milei tomó la decisión de vaciar el área de Vialidad Nacional y suspender todas las obras en rutas y caminos del país en el marco del programa de ajuste económico. Fruto de la medida, los trabajadores que iban a cargarse al hombro la reconstrucción de la ciudad fueron despedidos y el plan de recuperación del sur bonaerense pende de un hilo – al menos en lo que al Gobierno Nacional compete.
La disposición fue adoptada en los últimos días y lleva la firma del Administrador General de Vialidad Marcelo Jorge Campoy, quien en acuerdo con el régimen de “motosierra” de la administración libertaria selló el vaciamiento del área que él mismo dirige. Según consta en el texto, el Poder Ejecutivo consideró "necesario arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión” en todo el país a fin de disminuir el gasto público, que ha sido la principal bandera del Gobierno mileísta.
“Ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se toma inviable su ejecución por las razones expuestas”, expuso a continuación el comunicado. Por lo expuesto, la medida reglamenta la cancelación de proyectos de obra pública en rutas y caminos de toda la Argentina, así como el vaciamiento total del organismo encargado de la creación, refacción y puesta en condiciones de las vías dependientes del Estado Nacional.
En este marco, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) señaló su “extrema preocupación” por la disposición, que oficializa el “abandono” y el “desguace” de la infraestructura vial. Probablemente la consecuencia más importante de la medida es la finalización de las obras en Bahía Blanca y el despido de los trabajadores que se iban a encargar de la reconstrucción de la zona; tareas para las que el municipio precisa imperiosamente asistencia económica frente a gastos que exceden largamente sus arcas. Pero la postura del Gobierno Nacional ya había sido aclarada: “Es un tema de la Provincia y el municipio”.
