La Justicia federal habilitó un amparo colectivo que exige al Estado nacional la reactivación de obras y mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires. El fallo, firmado por el juez Ernesto Kreplak del Juzgado Federal de La Plata, ordena notificar a los demandados y solicitó informes urgentes a tres organismos estatales. La causa fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
¿Qué busca el amparo colectivo?
El amparo busca que el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina adopten medidas inmediatas y coordinadas para cumplir obligaciones contractuales en infraestructura vial bonaerense. No apunta a un tramo de ruta o a una obra específica, sino al conjunto de la red vial nacional en la provincia. El objetivo es proteger a los usuarios efectivos y potenciales de estas vías.
¿Quiénes son los demandados y cuál es el fundamento?
La demanda de Victoria Tolosa Paz se dirige contra los tres organismos mencionados. El sustento radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se financia con el impuesto a los combustibles líquidos. Estos fondos provienen del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
¿Qué denunció la legisladora?
La diputada afirmó públicamente que tres de cada cuatro pesos del fondo SISVIAL habrían sido derivados a instrumentos financieros, como bonos y acciones, en lugar de aplicarse a obras viales. Cifró en $1,5 billones el monto que, según su presentación, debería haberse destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia de Buenos Aires. La legisladora sostuvo que "para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero", reclamando que esos fondos se orienten hacia "trabajo, producción y un Estado que cuide".
Plazos y próximos pasos judiciales
El juez Kreplak dispuso inscribir la causa, identificada bajo el número 35671/2026, en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Requirió a la DNV y al Ministerio de Economía presentar informes en el plazo de tres días, extendiendo igual requerimiento al Banco Nación. A los tres organismos también les fijó un plazo de diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986. La causa aguarda ahora las respuestas de los organismos demandados.
Infobae
