El proyecto buscaba eliminar la Ley 25.542, vigente desde 2001, que establece el denominado precio fijo del libro: el editor o importador fija un precio de venta al público que debe ser respetado por las distintas librerías. La propuesta oficial pretendía liberar ese esquema para que cada comercio pudiera establecer sus propios precios y descuentos.
La medida había generado un fuerte rechazo entre librerías independientes, editoriales pequeñas y medianas y organizaciones vinculadas al sector. El argumento central de quienes defendieron la normativa fue que el precio uniforme evita que las grandes cadenas y plataformas, con mayor capacidad financiera, puedan aplicar descuentos que las librerías pequeñas no están en condiciones de sostener.
El retroceso tiene alcance nacional porque la Ley 25.542 rige en todo el país. Para las librerías independientes y de barrio, la decisión significa que por ahora se mantiene el esquema que iguala el precio de un mismo libro en los distintos puntos de venta, en lugar de avanzar hacia una competencia basada en descuentos y precios diferenciados. No implica, por lo tanto, una reducción inmediata del precio de los libros: lo que cambia es que queda sin efecto, por ahora, el intento de modificar las reglas de comercialización.
Un nuevo freno para la agenda desreguladora
La decisión se suma a otros cambios que el Gobierno tuvo que introducir en proyectos vinculados con la agenda de desregulación impulsada por Sturzenegger. En el caso de la Ley de Tierras, el Senado aprobó recientemente un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, pero eliminó los capítulos que permitían flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. También quedó fuera el capítulo que modificaba las restricciones de uso de terrenos afectados por incendios previstas en la Ley de Manejo del Fuego.
El caso de los libros presenta, sin embargo, una diferencia: la iniciativa ni siquiera llegará al Congreso en esta etapa. Según la explicación transmitida desde el oficialismo, la agenda legislativa se concentrará en otros proyectos considerados prioritarios. Patricia Bullrich señaló que las reformas vinculadas con librerías y farmacias no forman parte de las medidas “más estructurales” que el Gobierno pretende impulsar actualmente.
Así, el episodio representa un nuevo límite para el programa de desregulación que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado venía preparando. En el caso de la actividad librera, el Gobierno había planteado la eliminación del precio fijo como una forma de introducir mayor competencia, mientras que buena parte de la industria editorial sostuvo que esa modificación podía favorecer la concentración del mercado y debilitar a las librerías independientes.
