El Gobierno bonaerense estableció un marco regulatorio para la utilización de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito del Estado provincial. A través del decreto N° 742, todos los organismos públicos deberán someterse a un control previo antes de desarrollar, adquirir o implementar cualquier sistema de IA.
¿Qué busca el nuevo marco regulatorio?
La normativa tiene como objetivo principal impulsar la incorporación de la inteligencia artificial en los organismos provinciales. Esto busca mejorar la eficiencia, calidad y transparencia de los servicios públicos, asegurando una utilización "ética, segura y responsable" de estas tecnologías. Además, el decreto busca fortalecer la soberanía tecnológica y fomentar la innovación en la gestión pública.
Principios rectores para la IA provincial
El marco define once principios fundamentales que deben guiar el desarrollo y uso de la IA en la Administración Pública Provincial. Entre ellos se :
- La centralidad humana y el respeto por los derechos fundamentales.
- La transparencia y trazabilidad de los sistemas.
- La protección de datos personales.
- La supervisión humana en la toma de decisiones.
- La no discriminación.
Intervención obligatoria de la Subsecretaría de Gobierno Digital
La norma establece que organismos, entes descentralizados y entidades autárquicas requerirán obligatoriamente la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital. Esta intervención será necesaria antes de desarrollar, usar o contratar sistemas de IA, así como ante cualquier modificación sustancial de los ya implementados.
Entre las atribuciones de la Autoridad de Aplicación se encuentran fijar estándares para la adquisición e implementación de sistemas de IA, evaluar y gestionar riesgos, homologar soluciones y elaborar un manual de pautas para la contratación pública de estas tecnologías. La Subsecretaría también podrá convocar a un consejo asesor interdisciplinario y multisectorial, cuyos miembros ejercerán funciones ad honorem.
Evaluación de riesgos e impacto
El texto prevé mecanismos de evaluación de riesgos e impacto. Estos deberán considerar los efectos sobre los derechos fundamentales, la calidad de los datos de entrenamiento, los posibles sesgos en los sistemas, las implicancias laborales y el impacto ambiental y energético del desarrollo y operación de estas herramientas.
El marco es de aplicación obligatoria para toda la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada y autárquica. Los municipios fueron invitados a adherir de manera voluntaria, en el ejercicio de sus propias competencias.
La Tecla
