La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó y giró al Senado para su sanción definitiva el proyecto de la Ley Ema. Esta norma busca reconocer la violencia digital como una forma específica de violencia de género, incorporando las agresiones mediante tecnologías de la información y la comunicación como agravante específico al Código Penal.
La iniciativa fue impulsada por Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, una adolescente de 16 años de Longchamps que se quitó la vida en agosto de 2024 tras la difusión no consentida de imágenes de su intimidad. Su caso visibilizó la falta de herramientas en escuelas y familias para enfrentar la violencia digital.
¿Qué es la violencia digital según la Ley Ema?
La ley define la violencia digital como toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada por el uso de tecnologías de la información y comunicación que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral. Esto incluye la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento, la extorsión y la suplantación de identidad.
Herramientas concretas de protección contra la violencia digital
El proyecto establece herramientas de protección específicas, entre ellas:
- Ordenar el cese de hostigamientos en el ámbito digital.
- Prohibir el contacto por medios tecnológicos.
- Disponer la eliminación de contenidos en plataformas y redes sociales.
- Solicitar el bloqueo o restricción de acceso a sitios.
- Garantizar la preservación de pruebas digitales y peritajes informáticos.
Estas disposiciones se incorporarán a la redacción de la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569), con un apartado específico. El objetivo es permitir una intervención rápida, preventiva y eficaz frente a este tipo de violencias.
Formación integral en ciudadanía digital
La Ley Ema también incorpora un artículo a la Ley de Educación Provincial para que se brinde formación integral de ciudadanía digital. Establece el marco general de contenidos, la incorporación de protocolos específicos que garanticen el cese de la vulneración, el resguardo de las pruebas y el acompañamiento de los Equipos de Orientación Escolar. Además, prevé la capacitación obligatoria específica para todo el personal del sistema educativo.
La diputada Mayra Mendoza, impulsora del proyecto, destacó la necesidad de que la política brinde respuestas ante las consecuencias de una sociedad mediada por pantallas, enfatizando la importancia de proteger a las infancias a través de leyes. , la diputada Luciana Padulo hizo hincapié en los esfuerzos que buscan regular lo que sucede en la red, frente a intereses corporativos. La senadora Mónica Macha, quien trabajó y militó la ley en 2025 cuando era diputada nacional, impulsa ahora su rápido tratamiento en la Cámara Alta provincial con el fin de "humanizar la digitalidad".
