El Frente de Izquierda volvió a impulsar en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para combatir la impunidad policial en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, originalmente redactada junto a la familia de Sofi Fernández, busca desmantelar los mecanismos de encubrimiento de las fuerzas de seguridad.
Se convocó a una audiencia pública para el próximo viernes 4 de diciembre con el objetivo de discutir el proyecto y promover su aprobación urgente. La invitación se extiende a familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y antirrepresivos, la Comisión Provincial por la Memoria, y a diputadas y diputados de todos los bloques políticos de la Legislatura.
Origen y nuevos impulsores del proyecto
El proyecto fue presentado inicialmente en 2024 por el entonces diputado Guillermo Kane, del Partido Obrero. Su redacción original contó con la colaboración de la familia de Sofía Fernández, una mujer trans asesinada en una comisaría de Derqui, Pilar. También participaron la abogada Pía Garralda de Apel, el abogado de la familia de Sofi Fernández y la Comisión Provincial por la Memoria.
Actualmente, la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, integrada por Mónica Schlottauer (Izquierda Socialista) y Christian Castillo (PTS), le dio un nuevo estado parlamentario. El impulso renovado se debe a familiares de víctimas de distintos casos de impunidad, que han tomado el proyecto como bandera.
Reunión de familiares y legisladores
En los últimos días, se realizó una reunión clave entre las bancadas del Frente de Izquierda y numerosos familiares de víctimas de represión e impunidad estatal. Estuvieron presentes las legisladoras Mónica Schlottauer y Christian Castillo, junto al diputado Pablo Giachello, del Partido Obrero.
Entre los familiares, participaron Mabel Valdez, hermana de Sofi Fernández; Marcela, hermana de Gonzalo Tamame (asesinado en Olavarría en 2025); Ricardo, papá de Nahuel Tasori (asesinado en Tandil en 2023); y Eduardo, papá de Eduardo Damián Guerrero. También asistieron representantes de Correpi y del Colectivo 7 de Pergamino, conformado tras la masacre en la comisaría 1ra de dicha localidad en 2017.
¿Qué propone la ley contra la impunidad policial?
El proyecto busca desarticular los mecanismos que garantizan la impunidad de la Policía Bonaerense en casos de crímenes, desapariciones y gatillo fácil. Propone el cese de la defensa jurídica, técnica e institucional a los agentes acusados de violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios, lesiones, abusos, torturas y privación de libertad.
En 2023 existía una resolución nacional que prohibía la asistencia jurídica a miembros de fuerzas policiales acusados por "graves violaciones a los derechos humanos". Sin embargo, en 2024, el gobierno de Javier Milei derogó esta medida mediante la resolución 159/2024, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El caso de Sofi Fernández es un ejemplo claro de esta situación. Diez efectivos acusados contaron con cinco abogados especializados y peritos de parte provistos por la fuerza policial y el Ministerio de Seguridad. La familia de Sofi Fernández, en contraste, no recibió apoyo ni asistencia estatal.
El papel de las fuerzas de seguridad
La experiencia histórica indica que la Policía Bonaerense no se reforma de manera autónoma. A las fuerzas de seguridad se les atribuye un rol en el control social, el encubrimiento de negocios ilícitos como el narcotráfico y la trata, y la represión de sectores populares. Esta situación, según los impulsores del proyecto, explica el creciente número de casos de impunidad.
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