El Congreso sancionó la ley de Medidas Energéticas, que recorta el régimen de Zona Fría y modifica el tratamiento de las deudas de las distribuidoras eléctricas. En Coronel Suárez y otros municipios del Sudoeste bonaerense, la consecuencia inmediata será la pérdida del descuento vigente desde 2021. Los usuarios residenciales tenían una reducción del 30% en la tarifa de gas, que llegaba al 50% para determinados hogares. El último registro oficial disponible contabilizaba 14.233 beneficiarios en Coronel Suárez, con datos de marzo de 2022.
La quita alcanza a una región que este año volvió a registrar varios días de frío extremo. Entre el 2 y el 4 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional identificó una ola de frío en Coronel Suárez, donde la mínima llegó a -7,1 °C y las máximas no superaron los 8 °C. En el mismo episodio, Bahía Blanca registró -5,2 °C y Pigüé -4,4 °C. El SMN informó además heladas intensas en buena parte de la provincia de Buenos Aires.
El impacto dependerá del consumo y de la situación económica de cada hogar. Como referencia regional, IERAL calculó para Bahía Blanca que una factura correspondiente a 118 metros cúbicos mensuales podría pasar de $19.945 a $39.890 para un usuario que pierda la asistencia. Para quienes permanezcan dentro del sistema nacional de subsidios, el aumento estimado fue del 22%.
La asistencia quedará concentrada en el Subsidio Energético Focalizado, conocido como SEF y vigente en todo el país. Pueden acceder, en términos generales, los hogares cuyos ingresos conjuntos no superen tres Canastas Básicas Totales y que además cumplan los requisitos patrimoniales establecidos por Energía. En el caso del gas, la bonificación alcanza un volumen básico de consumo que varía según la época del año. El consumo que quede por encima de ese volumen se factura sin subsidio.
El Fondo de Zona Fría seguirá vigente. Actualmente se cobra un recargo del 7,5% sobre el precio mayorista del gas, denominado PIST. Se trata del valor del gas antes de incorporar los costos de transporte, distribución e impuestos. Ese recargo alcanza al gas que se consume o comercializa por redes y ductos en el país y luego se destina al Fondo que financia las bonificaciones. De este modo, Coronel Suárez pierde el descuento general que recibía por sus condiciones climáticas, mientras los usuarios continúan alcanzados por el recargo nacional que sostiene el régimen.
El Gobierno defendió la reforma por el costo fiscal del sistema. Durante el debate en el Senado, la secretaria de Energía, María Tettamanti, estimó que 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio y que el cambio permitirá ahorrar alrededor de USD 400 millones por año. La medida se sancionó con una pobreza del 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026.
La discusión por Zona Fría dejó en segundo plano otro capítulo de la ley, vinculado con las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA. Ese aspecto fue abordado este viernes por Luciana Glezer y Pablo Dipierri en A Quemarropa, por FM La Patriada, donde repasaron cómo funciona el circuito entre generación, CAMMESA y las distribuidoras.
La misma ley incorpora un mecanismo para reducir las deudas de las distribuidoras eléctricas. Estas empresas compran en el mercado mayorista la electricidad que luego distribuyen y cobran a hogares, comercios e industrias. CAMMESA administra esas operaciones y les factura la energía adquirida. Durante los últimos años, varias distribuidoras pagaron sólo una parte de esas compras y acumularon una deuda millonaria.
La reforma permite calcular cuánto habría cobrado cada distribuidora si durante los períodos de emergencia tarifaria se hubieran aplicado plenamente las condiciones previstas en sus contratos. Esa diferencia puede reconocerse como un crédito a favor de la empresa y utilizarse para cancelar parte de lo que debe a CAMMESA.
En A Quemarropa, Glezer y Dipierri pusieron el foco en ese punto. Señalaron que durante esos años los usuarios continuaron pagando sus facturas, mientras las distribuidoras acumulaban deuda por la energía comprada, y cuestionaron que decisiones anteriores sobre tarifas puedan transformarse ahora en créditos para reducir esas obligaciones.
Dentro del total informado, Edenor concentra USD 438 millones, Edesur USD 345 millones y las empresas del Grupo DESA USD 474 millones. DESA controla a EDES, la distribuidora que opera en Coronel Suárez y buena parte del Sudoeste bonaerense.
La comparación con Zona Fría queda planteada dentro de la misma ley. El Gobierno proyecta ahorrar alrededor de USD 400 millones por año con el recorte del beneficio al gas, mientras habilita compensaciones sobre un stock de USD 1.842 millones de deuda de distribuidoras eléctricas.
