Un proyecto de ley de Biocombustibles, impulsado por el bloque oficialista en el Senado y liderado por Patricia Bullrich, obtuvo aprobación de la Cámara Alta el 17 de septiembre. La iniciativa, que busca incrementar los cortes de biodiésel y bioetanol, espera tratamiento en la Cámara de Diputados pero carece del consenso necesario.
¿Qué cambios propone la Nueva Ley de Biocombustibles?
La norma propone elevar los cortes obligatorios: el biodiésel para gasoil pasaría del 7,5% al 10%, y el bioetanol para naftas del 12% al 15%. Además, establece un cupo del 6% para maíz y otro 6% para caña de azúcar en el bioetanol, con un 3% restante a definición de mercado. Habilita también a las provincias a sumar porcentajes adicionales para promover producciones regionales.
Impacto en las Pymes del sector
El proyecto reduciría la participación de las 25 pymes que hoy controlan el 100% del mercado interno de biodiésel. Su cuota se vería disminuida paulatinamente: al 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030, y al 4% entre 2031 y 2036.
Las grandes empresas y el mercado interno
Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), señaló que grandes empresas buscan el mercado interno por dificultades arancelarias. Las Pymes, que producen el 65% del biodiésel nacional en Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, sostienen que no pueden competir con las grandes aceiteras, que controlan la materia prima y poseen ventajas de escala.
La propuesta alternativa de las Pymes
Las Pymes proponen elevar el corte de biodiésel al 12,5%. Su iniciativa incluye garantizar el 7,5% para la competencia entre Pymes, destinando el 5% restante al libre mercado. Argumentan que esta medida evitaría el cierre de empresas del sector.
Beneficios del aumento del corte
Aumentar el corte de biodiésel reemplaza diésel importado e industrializa materia prima nacional. Esto contribuye al equilibrio de la balanza de pagos al reducir la necesidad de importar diésel.
Bloqueo en Diputados y tensiones políticas
El proyecto oficial enfrenta un bloqueo en la Cámara de Diputados por falta de consenso. La actual situación económica y la menor confianza en el programa de gobierno dificultan el apoyo a medidas que afectarían a las Pymes. Bloques como el PRO, la UCR, el MID y el peronismo han expresado su defensa a las empresas regionales, generando tensiones entre los aliados del gobierno.
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