El Gobierno Nacional confirmó que apelará ante la Justicia el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto de Javier Milei que frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial, emitida por el juez federal Martín Cormick, ordenó la inmediata ejecución de la normativa.
¿Qué establece la resolución judicial?
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario vigente desde 2025, que abarca salarios, becas, investigación y partidas destinadas a las instituciones educativas.
La resolución invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. Además, el juez ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su cumplimiento inmediato.
Los argumentos del fallo
Para el magistrado, el mecanismo utilizado por el Gobierno era "extraconstitucional", ya que servía para bloquear una ley ratificada por ambas cámaras del Congreso. En sus fundamentos, Cormick señaló que el artículo 9 de la norma ya prevé herramientas para su financiamiento, como la adecuación de partidas y el uso de ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación de las provincias.
Historia de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025 con amplio respaldo de la oposición. Tras el veto presidencial de Milei, tanto la Cámara de Diputados como el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la norma. En octubre de 2025, el Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 759/2025, aunque condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto.
Antecedentes judiciales clave
Antes de este reciente fallo, el expediente ya contaba con una medida significativa. En diciembre de 2025, el juez Cormick dictó una cautelar que ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes, y a la actualización de las becas estudiantiles.
Posteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esta medida. El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Estado, dejando firme la cautelar mientras se definía la cuestión de fondo, abordada en el nuevo fallo de este martes.
La postura del Gobierno y las negociaciones
El Gobierno sostiene que se encuentra en cumplimiento de las obligaciones. El 10 de junio, firmó un acta con el CIN y los gremios universitarios que contemplaba una recomposición de la masa salarial del 24,33% y una actualización del 20% para gastos de funcionamiento.
Sin embargo, la negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% y comunicó que la aplicaría aun sin acuerdo. Los gremios rechazaron esta propuesta y continúan reclamando un diferencial mayor.
