Estados Unidos manifestó su preocupación por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional argentina, que busca sancionar a empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin autorización. Sin embargo, Washington aclaró que respeta el proceso legislativo y no solicitó modificaciones al proyecto, según expresaron el vicesecretario de Estado Christopher Landau y el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre la Ley Malvinas?
Landau sostuvo que las leyes argentinas son una cuestión interna del país. Remarcó que Estados Unidos observa los intereses de sus empresas, un aspecto natural para cualquier nación. El funcionario estadounidense aclaró que su Gobierno no pretende intervenir en el debate parlamentario, subrayando el respeto por el proceso legislativo argentino.
Estas declaraciones surgieron tras contactos entre Buenos Aires y Washington por posibles consecuencias de las sanciones en compañías y fondos de inversión estadounidenses con participación en proyectos económicos en Malvinas. La Casa Rosada descarta avanzar contra grandes actores financieros si estas medidas comprometen la relación bilateral, aunque sostiene que las observaciones estadounidenses no constituyen una exigencia formal para retirar el proyecto.
¿Qué busca la Ley de Defensa de la Soberanía nacional?
La iniciativa, enviada al Congreso el 17 de septiembre, busca reemplazar la Ley 26.659. El proyecto amplía las sanciones contra empresas que financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales.
También incluye mecanismos para que las compañías puedan abandonar las operaciones alcanzadas por las penalidades. El canciller Quirno defendió la propuesta, considerando la legislación actual insuficiente para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Explicó que el proyecto ofrece alternativas para desistir de inversiones realizadas bajo licencias que Argentina considera ilegítimas.
Quirno aseguró que la ley no apunta contra nadie en particular, planteando que las empresas deberán evaluar si continúan operando en las islas o desarrollan proyectos en el territorio continental argentino. El ministro ratificó que la soberanía sobre Malvinas es innegociable. Argentina continuará usando herramientas diplomáticas y jurídicas para sostener su reclamo.
Sin embargo, el tratamiento parlamentario está demorado por diferencias entre el oficialismo y bloques aliados. Estas divergencias se centran en otros capítulos del proyecto, especialmente los relacionados con defensa, seguridad nacional e inteligencia.
¿Qué se debatió sobre el Comité de Descolonización de la ONU?
Otro punto de la conferencia fue la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Este organismo analiza anualmente la cuestión Malvinas. Landau indicó que la iniciativa responde a una política general de reforma de organismos multilaterales, no a una posición específica sobre el conflicto de soberanía argentino-británico.
El canciller Quirno reconoció la importancia del Comité para la posición argentina. Aclaró que la continuidad del reclamo no depende exclusivamente de ese organismo. Reafirmó que el objetivo argentino sigue siendo lograr que Londres retome las negociaciones bilaterales por la soberanía de las islas.
¿Qué otros temas abordó la agenda bilateral?
La agenda bilateral incluyó conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, infraestructura y el acuerdo comercial. Se analizaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, destinado a conectar regiones mineras y energéticas con puertos del océano Atlántico.
Finalmente, Quirno confirmó que continúan las negociaciones para incorporar a Argentina al programa de exención de visas estadounidenses. También ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prevista para noviembre.
