La Justicia federal de San Isidro procesó este jueves al exdiputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero, prohibiéndole salir del país y disponiendo un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes. La resolución fue dictada por el juez Lino Mirabelli, quien determinó que el exlegislador de La Libertad Avanza continúe vinculado al proceso judicial sin prisión preventiva.
Detalles de la Acusación contra Espert
La investigación se relaciona con 200 mil dólares que Espert recibió en 2019 de una empresa vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. La causa judicial se centra en una transferencia de ese monto, justificada mediante un contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, también vinculada a Machado.
Los investigadores sospechan que este acuerdo se utilizó para incorporar fondos de origen ilícito al circuito económico formal. Parte del dinero habría tenido como destino la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Otros Implicados en la Causa
La resolución del juez también alcanzó al contador del economista, Mariano Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del delito. Asimismo, la empresa Varianza S.A. fue incluida en el procesamiento. En ambos casos se establecieron embargos: 700 millones de pesos para el contador y 500 millones de pesos para la sociedad.
Vínculos con Federico "Fred" Machado
Machado mantuvo vínculos con Espert desde 2019, colaborando con actividades de su campaña presidencial. Esta colaboración incluyó el préstamo de un avión privado, utilizado en más de 30 vuelos, y otros recursos. Actualmente, el empresario se encuentra detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, delitos por los que recibió una condena.
Rechazo de Apelaciones de la Defensa
El procesamiento se conoció después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara distintos planteos de la defensa del exdiputado. Los abogados de Espert habían solicitado la nulidad de medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez, cuestionando informes patrimoniales, declaraciones testimoniales y peritajes sobre dispositivos electrónicos.
Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones consideraron que las actuaciones se desarrollaron conforme a la normativa vigente, sin advertir irregularidades que afectaran las garantías constitucionales. La Cámara también rechazó un pedido para apartar al fiscal de la investigación, presentado por la defensa bajo el argumento de una supuesta pérdida de objetividad.
Con esta nueva resolución, la Justicia consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso penal contra Espert, aunque el procesamiento no constituye una condena definitiva y la investigación continuará.
