La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del límite de 50 años para el ingreso titular a la docencia. El fallo responde al caso de una maestra de Lomas de Zamora a la que se le impidió la inscripción en los listados oficiales por superar esa edad, calificando la norma como "francamente discriminatoria".
¿Qué establece la sentencia sobre el límite de edad en la docencia?
El máximo tribunal provincial dictó un fallo histórico al declarar inconstitucional el artículo 57 inciso "e" de la Ley 10.579, modificada por la Ley 12.770, que imponía un límite de 50 años para el ingreso titular a la docencia. La decisión se tomó en el marco de la causa «Pérsico, Elizabeth Rosana c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad». La actora, una maestra de grado con más de una década de servicio en una escuela de Lomas de Zamora, vio denegada su inscripción para el ciclo lectivo 2026 por haber superado esa edad.
¿Por qué la Corte consideró discriminatoria la norma?
El tribunal, integrado por los jueces Soria, Kogan, Torres, Carral y Kohan, señaló que la limitación etaria configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana. En su voto, el juez Soria sostuvo que la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para ejercer la docencia. Advirtió que la norma discriminaba inválidamente a los docentes mayores de 50 años frente a otros más jóvenes con idéntica capacitación o a otros de la misma edad que no veían imposibilitado su ingreso como titulares. El fallo remarcó que la medida es contraria al derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley.
¿Qué acciones se solicitan al Ejecutivo y la Legislatura provincial?
La sentencia no solo hizo lugar a la demanda de la actora, ordenando a la Dirección General de Cultura y Educación que se abstenga de impedir su inscripción en los listados oficiales. También exhortó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del artículo declarado inconstitucional. Los jueces destacaron que, a pesar de que la Corte ya había declarado la inconstitucionalidad de esta norma en numerosos precedentes (como los casos «Zunino», «Rodríguez» y «Sánchez»), los poderes políticos no han propiciado su modificación, lo que obliga a los docentes a iniciar costosos y prolongados procesos judiciales para hacer valer sus derechos.
La decisión contó con el allanamiento previo del Asesor General de Gobierno, quien reconoció la validez de los argumentos de la actora. El tribunal, por mayoría, impuso las costas en el orden causado, aunque el juez Torres votó en disidencia. La sentencia también dejó sin efecto la medida cautelar que había permitido a la docente inscribirse provisoriamente mientras se resolvía el caso. Con esta resolución, la Suprema Corte bonaerense reafirma su doctrina y pone presión sobre los poderes políticos para adecuar la normativa a los estándares constitucionales.
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