La industria PYME argentina sufrió un profundo deterioro durante abril, mayo y junio de 2026, con una caída interanual del 11% en la producción y un retroceso del 4,5% en el empleo, que acumuló 14 trimestres consecutivos de baja. Este escenario reflejó un aumento significativo en los incumplimientos de pagos y el alargamiento de los plazos de vencimiento.
¿Cómo fue la producción y el empleo PYME en el segundo trimestre de 2026?
La producción industrial PYME retrocedió un 3,6% respecto a enero, febrero y marzo de 2026 y un 11% en la comparación interanual, alcanzando el nivel más bajo de los últimos siete años. El impacto fue más severo en las empresas pequeñas que en las medianas. En cuanto al empleo, la cantidad de ocupados cayó un 0,8% en el trimestre y un 4,5% frente a abril, mayo y junio de 2025, sumando 14 trimestres consecutivos de caída.
¿Qué problemas enfrenta la cadena de pagos de las PYMES?
Un 24% de las PYMES industriales registró al menos un atraso entre abril y junio de 2026, duplicando el 12% de abril, mayo y junio de 2025. Los mayores inconvenientes se observaron en el pago de impuestos y a proveedores, impulsados por la persistente debilidad de la demanda interna. La falta de ventas afecta al 81% de estas industrias y es la principal preocupación empresaria, generando una creciente tensión en la cadena de pagos.
El 62% de las PYMES encuestadas alargó los plazos de cobranza debido a la caída de las ventas. De este grupo, un 40,9% indicó plazos "levemente más largos" y un 21,7% "significativamente más largos". Solo el 4% consiguió cobrar en plazos menores a los habituales.
Los atrasos en los pagos propios también aumentaron:
- Impuestos: 17,3% de las empresas, frente al 8,6% registrado en julio, agosto y septiembre de 2025.
- Proveedores: La proporción pasó del 5,7% al 15,3%.
- Bancos: Los incumplimientos crecieron del 3,4% al 8,6%. Así, una de cada cuatro PYMES industriales tuvo dificultades para cumplir con al menos uno de sus vencimientos, en comparación con una de cada ocho hace menos de un año.
Costos, rentabilidad e inversión en el sector PYME
El deterioro de la actividad presiona los márgenes empresariales: el 73% de las PYMES reportó que los costos aumentaron por encima de sus precios de venta, y el 69% afirmó que su rentabilidad empeoró. Esta pérdida de rentabilidad incide directamente en las posibilidades de inversión. Solo el 35% de las empresas consideró que abril, mayo y junio de 2026 fue un buen momento para invertir en maquinaria y equipos, un punto menos que en enero, febrero y marzo de 2026 y nueve puntos por debajo del 44% alcanzado en el segundo trimestre de 2024. Las inversiones dependen cada vez más de fondos propios, lo que puede afectar la capacidad productiva futura.
¿Cuáles son las expectativas y los reclamos de las PYMES?
Pese a las dificultades, las expectativas empresarias mostraron una leve recuperación. El Índice de Confianza Empresarial PYME (ICE) subió a 43 puntos, desde los 40 de enero, febrero y marzo de 2026, aunque sigue debajo de los 50 puntos que marcan una percepción optimista. El PMI, indicador que anticipa el ciclo de actividad, pasó de 34 a 44 puntos. Sin embargo, esta mejora no permitió abandonar el terreno contractivo y el indicador se mantiene ligeramente por debajo de los niveles de agosto de 2025.
Ante la coyuntura financiera, las empresas enfatizan la necesidad de un alivio tributario:
- El 32,8% prioriza reducir las alícuotas de Ingresos Brutos.
- El 29,7% reclama una disminución de las contribuciones patronales. Ingresos Brutos es el tributo que más afecta la operatoria, seguido por tasas municipales, el impuesto al cheque y las contribuciones patronales.
A la débil demanda se suma la apertura de importaciones, que generó competencia con la producción local. El 47% de las firmas manifestó preocupación por el avance de bienes e insumos del exterior. Un 25% de las PYMES sustituyó insumos nacionales o parte de su producción por bienes importados, y otro 15% incorporó productos terminados del exterior para complementar su oferta.
Las industrias también exigen una mayor participación de firmas locales en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece importantes beneficios fiscales a inversores extranjeros. Solo el 1,5% de las pequeñas y medianas empresas participa como proveedor directo en proyectos adheridos, y el 3,2% lo hace indirectamente.
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