La Justicia argentina comenzó a disponer embargos y el cobro de costos policiales a padres de alumnos identificados por amenazas de tiroteos en escuelas, una medida que se extiende en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Esta decisión busca responsabilizar económicamente a los progenitores por los operativos generados por estas intimidaciones.
Denuncias y acciones en Buenos Aires
Solo en la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal registró cerca de 1.000 denuncias por amenazas en escuelas, incluyendo pintadas y fotografías con armas. En el Departamento Judicial de La Matanza se contabilizaron 200 denuncias, mientras que en Moreno se radicaron 70.
Embargos en Moreno
En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué solicitó embargos para los padres de siete menores identificados como responsables de amenazas. Los allanamientos realizados el martes por la DDI local permitieron secuestrar armas, celulares y computadoras. Se notificó a los sospechosos por el delito de intimidación pública. El monto de los daños deberá ser determinado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
Costos en Mar del Plata y Santa Fe
La Justicia de Mar del Plata, a través del fiscal general Fabián Fernández Garello, comunicó que los padres de estudiantes involucrados deberán afrontar los gastos de los operativos policiales. Fuera de la provincia, el Gobierno de Santa Fe ya implementó esta medida. En esa provincia, se estimó un costo de entre cinco y seis millones de pesos por cada despliegue policial, con 65 denuncias registradas en un solo día.
