El Gobierno nacional oficializó un recorte de casi $2,5 billones en el Presupuesto 2026. Esta medida equivale al 1,6% del total. La decisión, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, busca consolidar el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este ajuste se produce en la antesala de una nueva marcha federal universitaria, programada para realizarse en Plaza de Mayo.
Impacto en Educación y Universidades
Uno de los ejes del ajuste es la reducción de partidas para educación y universidades. El Gobierno recortó $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación, según la Decisión Administrativa 20/2026. También suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.
Entre las bajas más significativas se encuentran:
- El “Plan Nacional de Alfabetización”, con una poda de $35.288 millones, principalmente en fondos provinciales.
- La eliminación del “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929 millones.
- Reducciones en infraestructura escolar, equipamiento, políticas socioeducativas y becas estudiantiles.
Las universidades nacionales también fueron alcanzadas. Se recortaron $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. Las instituciones más afectadas incluyen las universidades de La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
Cambios Previsionales y en Anses
La medida contempla modificaciones en materia previsional. Se elevó a $712.288 millones el límite para cancelar sentencias judiciales previsionales y deudas transaccionales. Además, se reforzaron créditos para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del personal de Anses. Para ello, se transfirieron $162.000 millones desde el Tesoro.
Otros Recortes y Reasignaciones
El mayor recorte general, por $1,47 billones, recayó sobre “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-”. Esta reducción se alinea con la disminución de subsidios y el aumento de tarifas. También se registraron bajas en energía, deporte, obra pública, salud, integración social y urbanización.
Por otro lado, el Consejo de la Magistratura recibió incrementos presupuestarios para gastos en personal y bienes de uso.
