A once años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, la violencia por razones de género sigue siendo una de las problemáticas sociales y políticas más urgentes en Argentina. Lejos de ser hechos aislados, estas violencias se inscriben en un entramado estructural de desigualdades económicas y sociales que impactan de forma diferencial sobre mujeres y LGTBI+.
El reciente informe "La Violencia por Razones de Género en Tiempos de Crueldad", elaborado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, propone un análisis profundo sobre cómo el deterioro de las condiciones materiales de vida y la circulación de discursos de odio están transformando las dinámicas de la violencia en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los hallazgos centrales es la relación intrínseca entre la precarización económica y la profundización de las violencias. El país atraviesa un proceso de feminización de la pobreza donde las mujeres y LGTBI+ se concentran en los sectores más precarizados y peor remunerados.
Los datos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) muestran una caída en el acceso a empleos formales y un aumento del endeudamiento de los hogares, que en un 80% de los casos monoparentales tienen jefatura femenina. Esta precariedad material obliga a muchas mujeres a realizar una “negociación vital”, donde se tolera la violencia a cambio de subsistencia o vivienda. Además, el incumplimiento de la cuota alimentaria —que afecta a 7 de cada 10 mujeres en la provincia— se consolida como una forma extendida de violencia económica que impide la autonomía.
En cuanto a las modalidades, la violencia doméstica continúa siendo predominante, presente en más del 90% de las situaciones registradas entre 2024 y 2025. No obstante, se observa una creciente crueldad en las agresiones físicas. Los equipos técnicos advierten dinámicas más rápidas e intensas, con un aumento del 30% en los casos de estrangulamiento y asfixia, y relatos de violencia que rozan lo tortuoso. Asimismo, la violencia está escalando con mayor velocidad en vínculos de corta duración (menos de un año), una tendencia que preocupa a los profesionales del área.
Por otro lado, la violencia digital registra uno de los mayores crecimientos, con un aumento interanual del 75% en conductas de acoso y hostigamiento sistemático en entornos virtuales. Esto incluye desde la difusión no consentida de imágenes íntimas hasta el uso de inteligencia artificial para manipular fotos, afectando especialmente a las juventudes.
El informe también destaca el impacto de los discursos de odio promovidos desde esferas estatales nacionales. Estas narrativas no solo deslegitiman las políticas de género, sino que operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y generan un escenario de mayor impunidad para los agresores.
El temor a ser juzgadas o la amenaza de ser denunciadas por "falsas denuncias" —una narrativa impulsada por proyectos legislativos recientes— desalienta a muchas mujeres a buscar ayuda institucional. En el colectivo LGTBI+, esto se traduce en un recrudecimiento de los ataques en el espacio público y una clara criminalización de sus identidades.
Frente al desmantelamiento de las estructuras de protección a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso mediante el fortalecimiento del Sistema Integrado de Políticas Públicas. Herramientas como la Línea 144 PBA —que aumentó sus llamadas en un 160% tras implementar un 0800 propio—, el Programa de Monitoreo Electrónico y el Fondo Especial de Emergencia buscan sostener una red de protección territorial ante un contexto de creciente desamparo.
Las reflexiones finales del documento subrayan que la violencia de género no puede abordarse de forma aislada de las condiciones materiales; la construcción de autonomía económica y el fortalecimiento de los lazos comunitarios son pasos indispensables para proyectos de vida libres de crueldad.
El informe completo puede descargarse desde este enlace.
