La reciente disposición del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que modifica el registro y la categorización de plaguicidas en Argentina abrió un debate técnico sobre sus alcances reales. El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho analizó el contenido de la norma y explicó que “la resolución busca adecuar la normativa argentina de registro y categorización de plaguicidas a estándares internacionales”, aunque aclaró que se trata solo de una parte del proceso.
La disposición, que entró en vigencia tras su promulgación y un plazo administrativo de 120 días, no aborda aspectos vinculados a la producción, comercialización ni aplicación de los productos. Según Souza Casadinho, “toma la parte intermedia de todo el proceso”, centrada exclusivamente en los requisitos que deben cumplir las empresas para registrar un producto y en la redefinición de su peligrosidad toxicológica. En ese marco, uno de los cambios visibles es la ampliación de cuatro a seis categorías de riesgo, con modificaciones en las bandas de color presentes en los envases.
Otro punto central es la convergencia normativa con países y bloques como Brasil, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Australia. Souza Casadinho señaló que “va a ser mucho más fácil para empresas de esos países registrar productos en Argentina”, lo que implica una apertura regulatoria que responde a criterios de armonización internacional. Sin embargo, advirtió que varios productos permitidos localmente se encuentran prohibidos en otros mercados, lo que genera tensiones en el comercio de alimentos.
En su análisis, el ingeniero remarcó que la mejora en el registro y la información disponible en las etiquetas es un avance, pero insuficiente. “Está bueno avanzar en poner más información, pero no alcanza”, afirmó, al tiempo que subrayó la ausencia de mayores restricciones en la producción y la aplicación de plaguicidas. También recordó episodios ocurridos en plantas productoras y la cercanía de algunas instalaciones a centros poblados, una situación que, según sostuvo, sigue sin una respuesta normativa integral.
Souza Casadinho aportó datos históricos para contextualizar el problema. Indicó que entre 1990 y 2020 el uso de plaguicidas creció de manera exponencial, con una escalada sostenida desde mediados de los años noventa. “Mientras la superficie agrícola aumentó alrededor de un 140 por ciento, el uso de plaguicidas se incrementó casi un 1650 por ciento”, explicó, al vincular ese proceso con la expansión de los cultivos transgénicos y los sistemas de monocultivo.
Finalmente, el especialista planteó la necesidad de repensar el modelo productivo a largo plazo. Señaló que numerosos convenios internacionales apuntan a reducir progresivamente el uso de plaguicidas y promover estrategias alternativas. “La gran mayoría de los acuerdos internacionales abogan por eliminar progresivamente los plaguicidas y no reemplazarlos por otros químicos”, sostuvo, al mencionar enfoques agroecológicos y ecológicos. En ese sentido, consideró que el desafío es avanzar hacia sistemas productivos que contemplen la salud de trabajadores, comunidades y consumidores, en un contexto donde el debate ambiental todavía ocupa un lugar secundario.
