La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) cuestionó el 10% de corte obligatorio propuesto en el proyecto de ley de biocombustibles que debate el Senado. La entidad advierte que la iniciativa oficial podría impactar negativamente en 25 establecimientos y unos 10.000 puestos laborales en el interior del país, proponiendo un esquema alternativo del 12,5% con participación definida.
¿Qué propone el proyecto de ley de biocombustibles?
La iniciativa que analiza el Senado busca elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% actual al 10%. Las empresas regionales, agrupadas en CEPREB, reclaman un incremento al 12,5% y una distribución clara del nuevo volumen entre los distintos actores del sector para proteger la inversión y el empleo.
La contrapropuesta de las pymes regionales
CEPREB sugirió repartir el corte del 12,5% de la siguiente manera:
- 5% para las 17 plantas pyme regionales.
- 2,5% para ocho compañías no integradas.
- 5% restante para las aceiteras.
El objetivo es generar una mayor demanda que permita incrementar la producción sin desplazar a los actuales abastecedores del mercado interno. Las pymes sostienen que la clave no es el aumento del uso de biodiésel, sino cómo se asignará este mercado para evitar la concentración en empresas de mayor escala.
Impacto en el empleo y las economías provinciales
La entidad alerta que sin una participación definida para las plantas regionales, el crecimiento podría concentrarse en grandes compañías, afectando a establecimientos fuera de los principales polos industriales. Las 25 plantas en riesgo, distribuidas en diferentes provincias, producen anualmente unas 900.000 toneladas destinadas al corte vigente.
Estas plantas están ubicadas en:
- Santa Fe: 360.000 toneladas.
- Buenos Aires: 355.000 toneladas.
- La Pampa: 85.000 toneladas.
- Entre Ríos: 55.000 toneladas.
- San Luis: 45.000 toneladas.
Cada establecimiento posee una capacidad de hasta 50.000 toneladas anuales y se vincula con una red de aproximadamente 400 extrusoras que proveen aceite como insumo, generando actividad económica y empleo local. CEPREB estima que elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas.
Reclamo por reglas previsibles y equitativas
Las pymes argumentan que las diferencias en la estructura productiva son determinantes. Las empresas regionales compran aceite de soja a compañías que también participan en el negocio del biodiésel, lo que dificulta la competencia en igualdad de condiciones con firmas que controlan etapas anteriores de la cadena.
La cámara compara su reclamo con el tratamiento diferencial otorgado al bioetanol de caña de azúcar frente al de maíz, sugiriendo que la protección vinculada al impacto territorial también debe aplicarse al biodiésel elaborado en el interior. CEPREB confirmó que participará del debate parlamentario, ofreciendo su propuesta como base técnica.
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