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Censura

El Gobierno echó del INTA a Virginia Aparicio, la investigadora que probó que los agrotóxicos llegan a los cuerpos de los bonaerenses

La ingeniera agrónoma coordinó en Argentina un estudio europeo que detectó glifosato en la orina de 8 de cada 10 participantes del sudeste bonaerense. El organismo la sancionó por supuestas faltas administrativas.

Por Redacción Radio del Volga28 de octubre de 2026 · 18:388 min de lectura

El 26 de octubre, el Consejo Directivo del INTA firmó la Resolución 366 y exoneró a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce y coordinadora en Argentina del proyecto SPRINT. La exoneración es la sanción más grave del régimen de empleo público nacional: implica la salida del organismo y la inhabilitación para cargos públicos. La resolución reconoce que no hubo perjuicio fiscal ni beneficio económico para la investigadora.

La decisión se conoció once días después de que Aparicio presentara los resultados del estudio ante el Concejo Deliberante de Balcarce.

Lo que midió SPRINT

En 2021, el equipo de Balcarce analizó sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense: productores, vecinos de zonas rurales y consumidores. El trabajo se hizo dentro de SPRINT, un consorcio financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen (Países Bajos). Argentina fue el único país no europeo. En los tres indicadores que se compararon, los valores argentinos superaron al promedio europeo.

Fuente: resultados de SPRINT difundidos por La Vaca y Bichos de Campo (septiembre de 2023).

  • Cada participante tenía entre 6 y 13 plaguicidas distintos en la orina.
  • En el polvo de las viviendas se detectaron entre 43 y 86 plaguicidas por muestra.
  • El clorpirifós, un insecticida que el SENASA prohibió a partir de 2022, apareció en el 37,7% de los participantes.
  • Las concentraciones fueron mayores en productores convencionales que en agroecológicos.

El debate científico

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El informe de SPRINT señala que ninguna ingesta calculada de glifosato superó la ingesta diaria admisible, el límite que fijan los organismos regulatorios. Ese límite se establece para cada sustancia por separado. En Balcarce se encontraron hasta 13 plaguicidas distintos en la orina de una misma persona, y los efectos de esas combinaciones sobre la salud están poco estudiados. Esa era una de las preguntas que debía abordar la continuidad del proyecto.

Sobre el glifosato en particular, la evidencia sigue en discusión:

  • Clasificación de la OMS. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como "probablemente cancerígeno para los seres humanos". Las agencias regulatorias de Estados Unidos (EPA, 2020) y de Europa (EFSA, 2023) concluyeron que, en las condiciones de uso autorizadas, no representa un riesgo de cáncer. La diferencia se explica en parte por el método: la IARC evalúa si una sustancia puede causar cáncer; los reguladores, si lo causa con los niveles de exposición habituales.
  • Un estudio en ratas con la dosis permitida. En junio de 2025, el Instituto Ramazzini de Italia publicó en la revista Environmental Health un estudio de dos años en ratas. Las expuso desde la gestación a 0,5 miligramos de glifosato por kilo de peso por día, la ingesta diaria que la Unión Europea considera admisible para personas. Los animales desarrollaron más tumores de lo esperable, en más de diez órganos, y algunos murieron de leucemia antes del año de vida. Al tratarse de un estudio en animales, no prueba por sí solo el efecto en humanos, pero cuestiona que ese límite tenga un margen de seguridad suficiente.
  • Un estudio retirado por la participación oculta de Monsanto. Monsanto es la empresa que creó el glifosato y lo vendió durante décadas con la marca Roundup. En el año 2000, una revista científica publicó un trabajo firmado por tres científicos que repasaba los estudios existentes y concluía que el glifosato no era peligroso para la salud. Ese trabajo se volvió una referencia: los organismos que deciden si un producto puede venderse lo usaron para respaldar su seguridad. En Europa, el informe que permitió seguir vendiendo glifosato desde 2017 lo citaba unas 40 veces. Años después, documentos internos de Monsanto que salieron a la luz en juicios en Estados Unidos mostraron que empleados de la empresa habían escrito partes del texto sin que sus nombres aparecieran. En noviembre de 2025, la revista lo retiró, que es lo que hace una publicación científica cuando considera que un trabajo ya no es confiable. La Unión Europea renovó la autorización del glifosato hasta 2033. En Argentina no hay registros oficiales de cuánto se aplica ni de sus efectos en la población. SPRINT fue la primera vez que el INTA midió la exposición a plaguicidas en personas dentro de un proyecto internacional.

Sin datos oficiales

Argentina no publica estadísticas oficiales sobre el volumen de agroquímicos que se aplican, ni tiene relevamientos oficiales sobre su impacto en la salud. Las cifras disponibles son estimaciones privadas: la Red de Médicos de Pueblos Fumigados calcula unos 300 millones de litros de glifosato por año sobre 28 millones de hectáreas. Buena parte de las mediciones que existen surgieron de universidades, organismos técnicos y causas judiciales iniciadas por vecinos.

Un ejemplo es Pergamino. Allí, vecinos denunciaron que las fumigaciones contaminaban el agua, y la causa llegó a juicio. El laboratorio de Aparicio analizó diez muestras de agua y suelo entre 2018 y 2020, y en todas detectó plaguicidas. El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario tomó esas pericias como prueba y consideró que su metodología "se encuentra avalada científicamente". En junio de 2026 condenó a dos funcionarios municipales y absolvió a los siete productores, agrónomos y aplicadores acusados.

Cuatro meses después de ese fallo, el INTA exoneró a la investigadora.

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Los cargos

La resolución deja intactos los datos de SPRINT y la acusa de faltas de trámite: sumar sin permiso a su pareja, un investigador jubilado del INTA que trabajó gratis; enviar las muestras a Europa sin la autorización correspondiente; usar el comité de ética de la Universidad de Mar del Plata; y no respetar la vía jerárquica, en plena pandemia y mientras estaba becada en Valencia.

Nada de eso le costó un peso al Estado: los fondos eran europeos y las auditorías dieron bien. La propia resolución admite que no hubo perjuicio fiscal. Aun así, a ella le aplicaron la pena máxima; al director de Balcarce, 15 días de suspensión.

La cronología del caso:

  • Mayo de 2020: el INTA aprueba su participación en SPRINT.
  • Junio de 2023: el INTA ordena suspender la presentación de los resultados ante los productores que participaron.
  • Diciembre de 2023: la aparta del proyecto y le abre un sumario.
  • 15 de octubre de 2026: Aparicio presenta los resultados, a título personal, ante el Concejo Deliberante de Balcarce.
  • 26 de octubre de 2026: el Consejo Directivo firma la exoneración.

Reacciones y contexto

Investigadores y organizaciones científicas cuestionaron la medida. "Apunta a disciplinar a otros investigadores e investigadoras", dijo la historiadora Cecilia Gárgano (UNSAM), que estudió el INTA durante años y calificó el caso de "inédito en democracia". El biólogo Guillermo Folguera (CONICET-UBA) lo consideró "un caso abierto de censura".

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La sanción ocurre en un contexto de reducción del organismo. Según el gremio APINTA, cerca de 2.000 trabajadores dejaron el INTA desde fines de 2023; además, se aprobó el cierre de agencias de extensión y se intentó vender tierras. El Consejo Directivo que decidió la exoneración incluye a representantes de las entidades del sector agropecuario. Gárgano sostiene que el caso expone una "connivencia entre el Estado y los bloques de poder concentrados en el agronegocio".

En su comunicado, el INTA afirmó que "reafirma su compromiso con la evidencia confiable" y con el respeto de los protocolos científicos, éticos y administrativos. No se conocen mediciones propias del organismo que contrasten los resultados de SPRINT.

Lo que viene

La defensa tiene 20 días para pedir la reconsideración y después irá a la Justicia. APINTA y ATE Conicet juntan firmas para frenar la exoneración.

Mientras tanto, los resultados de SPRINT no tienen una continuidad oficial que permita evaluar sus efectos sobre la salud de la población estudiada.

Fuentes

  • Tiempo Argentino: Fuerte repudio al despido de la investigadora del INTA (27/10/2026)
  • Bichos de Campo: El INTA exoneró finalmente a Virginia Aparicio (Resolución 366)
  • elDiarioAR: El INTA exoneró a Virginia Aparicio
  • Rosario3: El INTA despidió a una científica que investigó los efectos de los agroquímicos
  • Periferia: comunicado del INTA y presentación en Balcarce
  • Bichos de Campo: las mediciones de SPRINT en Argentina (2023)
  • RECETOX: hallazgos de SPRINT en granjas europeas (PLOS ONE, 2024)
  • Cuerpo Contaminado: IARC, EFSA, ECHA, EPA y renovación en la UE
  • George Mason University: Global Glyphosate Study del Instituto Ramazzini (2025)
  • Quo: retractación del estudio Williams, Kroes y Munro (2025)
  • Bichos de Campo: prohibición del clorpirifós desde noviembre de 2022
  • Buenos Aires Times: uso de glifosato en Argentina
  • Bichos de Campo: la falta de estadística oficial sobre agroquímicos
  • Perfil: el juicio de Pergamino
  • Bichos de Campo: retiro voluntario en el INTA (junio de 2026)
  • Bichos de Campo: derogación del Decreto 462/2025

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