El 1 de septiembre de 2022, un intento de magnicidio conmocionó a la Argentina. Fernando Sabag Montiel, junto a su pareja Brenda Uliarte, ejecutaron un plan para asesinar a la Vicepresidenta de la Nación en su domicilio. Sabag Montiel gatilló una Bersa Lusber 84, calibre.32, contra la cabeza de la funcionaria, pero la bala no salió. Este hecho marcó un punto de inflexión en la historia política del país.
Condenas y el Contexto de la Causa Vialidad
Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión como autor del intento de magnicidio, mientras que Brenda Uliarte recibió una pena de 8 años como partícipe necesaria. Este suceso se inscribió en un contexto donde la Vicepresidenta estaba siendo juzgada por presuntos hechos de corrupción en la Causa Vialidad.
La resolución de la Corte Suprema en la Causa Vialidad dejó firme la condena de la principal referente de la oposición a 6 años de prisión y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. Desde el entorno de la ex dos veces presidenta, esta situación fue descripta como Lawfare: la connivencia de poderes económico, judicial, mediático y político para perseguir opositores con causas armadas. La defensa de la acusada sostuvo que no se pudo probar delito alguno durante el juicio, pero la Justicia fundamentó la condena en su rol como Presidenta de la Nación, donde no podía desconocer actos de corrupción de funcionarios subalternos.
¿Por qué se cuestiona la investigación del atentado?
A cuatro años del atentado, el Poder Judicial aún no identificó a los autores intelectuales del intento de magnicidio. La investigación expuso falencias en el manejo de elementos probatorios, generando cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia del sistema.
Manipulación de evidencia digital clave
El celular de Fernando Sabag Montiel fue secuestrado bajo custodia judicial el mismo día del atentado. Los intentos de extracción de información, realizados por especialistas de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, provocaron que el teléfono se reseteara a valores de fábrica. Esto resultó en la pérdida de la información que podía contener. Una pericia posterior reconstruyó una cadena de decisiones y errores en la manipulación del dispositivo.
La pista Gerardo Milman
Un testigo declaró que, dos días antes del hecho, escuchó al diputado del PRO Gerardo Milman afirmar en un bar que "cuando la maten, yo voy a estar camino a Mar del Plata". La querella solicitó investigar a Milman y secuestrar sus teléfonos. La jueza María Eugenia Capuchetti demoró la obtención del celular del legislador durante meses. Cuando finalmente se accedió al aparato, se encontró que había información borrada. Además, una de las secretarias de Milman declaró que su propio celular fue borrado en una oficina vinculada al espacio político de Patricia Bullrich. No se pudo probar la participación de Bullrich ni la intervención de Milman.
¿Qué se investigó sobre Revolución Federal?
Revolución Federal, un grupo de ultraderecha con antecedentes de movilizaciones violentas y amenazas a dirigentes políticos, también fue objeto de investigación. La querella pidió investigar una posible conexión entre esta organización, su discurso previo contra la víctima y el ataque. Inicialmente, la jueza Capuchetti rechazó investigar a Revolución Federal como instigadora dentro de la causa del atentado, tramitándose la investigación sobre la agrupación en un expediente separado. Se indagaron vínculos de algunos integrantes con empresarios y dirigentes políticos, así como la circulación de dinero hacia personas ligadas al grupo. Sin embargo, no se demostró judicialmente que Revolución Federal hubiera ordenado, financiado o participado en el intento de magnicidio.
Desde el sector político de la ex mandataria, continúan reclamando la investigación de la autoría intelectual del intento de asesinato, al tiempo que defienden su inocencia y piden por su libertad.
