El oficialismo reactivó la discusión sobre el acceso de no residentes a servicios públicos, presentando en la Legislatura bonaerense un proyecto para arancelar la atención médica en hospitales y los estudios de grado universitarios a extranjeros sin residencia permanente. Esta iniciativa se suma a una propuesta similar ya en trámite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reabriendo el debate sobre el financiamiento de prestaciones estatales.
¿Qué propone el proyecto bonaerense de arancelamiento?
La iniciativa del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires busca arancelar las prestaciones en hospitales públicos provinciales y las carreras de grado en universidades estatales que dependen del distrito bonaerense.
El mecanismo de cobro establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán cubrir el costo de la atención o los estudios. Esto puede hacerse de forma directa, a través de aseguradoras, seguros de salud privados o mediante convenios con sus países de origen.
- Garantía de urgencias: La propuesta especifica que en casos de emergencia o riesgo de vida, la atención médica no se podrá demorar ni rechazar. El cobro de la prestación se tramitará una vez que el paciente esté estabilizado.
- Excepciones y destino de fondos: Se exime del pago a víctimas de trata de personas y a quienes reciban acciones de salud pública preventiva. Los fondos recaudados se destinarán al Fondo Provincial de Salud (S.A.M.O.).
¿Cuál es el esquema planteado para la Ciudad de Buenos Aires?
A diferencia del proyecto bonaerense, la iniciativa porteña se enfoca exclusivamente en la salud. Modifica la Ley Básica de Salud (Ley 153) y no incluye la educación superior.
El sistema de recupero para la Ciudad de Buenos Aires exige un seguro de salud o la implementación de un mecanismo de compensación económica para cubrir las atenciones programadas o habituales de no residentes. La gratuidad en las guardias por emergencias se mantiene irrestricta.
Postura del Gobierno nacional y marco legal
El Gobierno nacional opta por dejar la discusión en la órbita de los distritos, ya que la salud es de competencia jurisdiccional y las universidades gozan de autonomía. Sin embargo, se evalúa impulsar una reforma integral a la Ley de Migraciones en el Congreso.
Las estadísticas de gestión muestran posturas contrapuestas. Mientras desde el Gobierno sostienen que los contribuyentes locales no deben afrontar estos gastos, voces académicas y sanitarias señalan que el universo de pacientes e ingresantes extranjeros sin residencia definitiva representa un porcentaje minoritario sobre el total del sistema.
Marco universitario y reforma migratoria
A pesar de que un decreto de 2025 habilitó a las casas de altos estudios a cobrar aranceles a estudiantes no residentes, las universidades nacionales no implementaron la medida, amparándose en su autonomía. Se requeriría una ley del Congreso para modificar el cuadro actual.
Para aplicar el cobro de forma homogénea en los centros de salud nacionales, la Casa Rosada considera indispensable una modificación a la Ley de Migraciones vigente. El oficialismo evalúa llevar este planteo al Parlamento en los próximos meses.
