El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece nuevas causales para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros por emitir mensajes de odio, discriminación o violencia contra Argentina o sus ciudadanos por nacionalidad, así como por ultrajar símbolos patrios. La medida, oficializada como Decreto 681/2026 y publicada en el Boletín Oficial, busca reforzar los controles migratorios.
¿Qué establece el nuevo DNU migratorio?
El decreto incorpora la emisión de mensajes de odio, discriminación o incitación a la violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad como causal de prohibición de ingreso o expulsión. También incluye a quienes realicen, participen o promuevan actos de ultraje contra los símbolos patrios. Estas conductas impiden el ingreso al país y, si el extranjero ya reside en Argentina, pueden resultar en la pérdida de la residencia y la intimación a abandonar el territorio o la expulsión, según cada caso.
¿Cuáles son las razones detrás de la medida?
La Oficina del Presidente comunicó que la decisión responde a una reciente "campaña antiargentina" que trascendió el ámbito deportivo y tuvo repercusiones en la política internacional. El Gobierno expresó que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y símbolos nacionales es un principio "innegociable". Se remarcó que, aunque Argentina mantuvo una política de apertura, el Estado conserva la facultad de fijar condiciones de admisión, permanencia y expulsión para preservar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
¿Cómo afecta a los extranjeros en Argentina?
El endurecimiento del régimen migratorio busca resguardar la integridad social, el respeto hacia Argentina y sus emblemas, y prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia y el orden institucional. El Poder Ejecutivo afirmó que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
¿Qué pasos legislativos seguirá el decreto?
El DNU deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Esta comisión contará con un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen sobre la validez del decreto y elevarlo para su tratamiento en ambas cámaras legislativas.
