La Comisión Nacional de Valores (CNV) implementó una nueva normativa para intensificar los controles sobre el movimiento de fondos en el mercado de capitales argentino. Esta medida busca fortalecer la prevención del lavado de activos, con especial atención en el sector agropecuario.
La Resolución General 1140/2026 fue publicada en el Boletín Oficial, actualizando diversos puntos de las Normas de la CNV. Su objetivo es fortalecer la trazabilidad financiera y agilizar procesos administrativos.
Uno de los cambios principales exige que los fondos para operar en el mercado financiero provengan de cuentas bancarias o billeteras virtuales identificables. Para actividades agropecuarias, agroindustriales y de corretaje de granos, la CNV autorizó a agentes a canalizar fondos desde cuentas bancarias específicas.
Sin embargo, la norma demanda garantizar la trazabilidad completa de los movimientos. Esto incluye la identificación precisa del origen y destino de los fondos, con CUIT, nombre y apellido de cada cliente involucrado.
Este endurecimiento de controles se da en un contexto de mayor supervisión. El objetivo es combatir maniobras de evasión, triangulación financiera y posibles operaciones de lavado de activos en sectores con altos volúmenes de dinero.
La resolución también afecta a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y actores agroindustriales. Establece nuevas obligaciones documentales y de identificación para transferencias destinadas al mercado financiero.
Agilización Administrativa y Nuevas Competencias
Además de los controles de fondos, la CNV introdujo modificaciones administrativas para acelerar procesos internos. Se delegaron nuevas facultades a gerencias y subgerencias, evitando la intervención directa del Directorio para trámites técnicos.
Entre las atribuciones delegadas aparecen:
- Inscripciones y cancelaciones de registros
- Reformas societarias
- Autorizaciones de registros digitales
- Trámites relacionados con auditores externos
La norma también otorga competencias específicas para la inscripción y cancelación de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Esto se alinea con el avance regulatorio sobre plataformas y operadores de criptomonedas.
