El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la segunda etapa de la licitación pública de la Red Federal de Concesiones (Etapa II-B). Mediante esta medida, empresas privadas tendrán a su cargo la construcción, explotación, operación, administración y mantenimiento de 2.556 kilómetros de rutas nacionales durante los próximos 20 años bajo un régimen de concesión por peaje.
¿Qué rutas y provincias abarca la licitación?
La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba el proceso licitatorio y confirma las empresas que administrarán cuatro corredores estratégicos. Estos corredores atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. La red vial es de gran importancia para el transporte de granos, carnes, insumos y otros productos agroindustriales con destino a los principales puertos exportadores del país.
¿Qué empresas administrarán los corredores viales?
Creditech S.A., junto con Plantel S.A., ambas integrantes del Grupo Corven, resultaron las principales adjudicatarias al quedarse con dos corredores:
- El Corredor Mediterráneo, de 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35.
- El Corredor Portuario Sur, de 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.
, CPC S.A., vinculada al Grupo Indalo, obtuvo la concesión del Corredor Portuario Norte. Este comprende 528 kilómetros de las rutas nacionales 9, 33 y A-008.
BASAA Construcciones S.A. fue adjudicataria del Corredor Puntano, integrado por 720 kilómetros de las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005.
¿Cuál es el impacto y las obligaciones de las concesionarias?
Los cuatro corredores concentran buena parte del tránsito de camiones que movilizan la producción agropecuaria. Esta movilización se realiza desde las principales zonas productivas hacia los puertos del Gran Rosario, Bahía Blanca y otros nodos logísticos. Las rutas nacionales 7, 8, 9, 33 y 35 son ejes estratégicos para la salida de granos y derivados, impactando directamente sobre los costos logísticos y la competitividad del sector.
Según los contratos de concesión, las empresas deberán operar las estaciones de peaje, garantizar el mantenimiento y la conservación de las rutas. También ejecutarán las obras de rehabilitación y mejora previstas, además de prestar servicios de asistencia a los usuarios durante toda la vigencia de la concesión.
Con esta adjudicación, el Gobierno avanza en un nuevo esquema de gestión de la infraestructura vial nacional. Este busca reemplazar el financiamiento estatal por inversiones privadas respaldadas por el sistema de peajes. Para el sector agropecuario, la expectativa está puesta en que las concesionarias concreten las obras comprometidas y mejoren el estado de rutas fundamentales para la logística de la cosecha y el transporte de insumos.
