Seis millones de argentinos, el 20% de la población adulta, enfrentan deudas impagas al jueves 13 de agosto de 2026. Este fenómeno se suma a un mercado laboral que, según análisis, no ofrece respuestas adecuadas desde hace años, acentuando la problemática de la morosidad.
¿Cómo se distribuye la deuda impaga en Argentina?
La morosidad afecta a una parte significativa de los hogares. Tres millones de deudores deben hasta $500.000, mientras que 700.000 personas adeudan entre $500.000 y $1 millón. Otros 400.000 argentinos tienen deudas de entre $1.000.000 y $1.500.000. Esto significa que el 70,7% de los morosos debe menos de un salario promedio del sector privado, lo que sugiere dificultades para afrontar gastos mensuales básicos en lugar de especulaciones financieras.
¿Qué factores explican el aumento de la morosidad?
La caída en el ingreso disponible de las familias es el factor principal detrás del aumento de la morosidad. En 2017, el salario privado registrado era un 29,3% mayor que en la actualidad, y existían 91.910 asalariados privados registrados más. La situación fue aún más desfavorable para los trabajadores del sector público. Esta disminución del poder adquisitivo limita la capacidad de pago.
¿Cómo impacta la morosidad en los jóvenes?
La morosidad golpea con mayor fuerza a los jóvenes. Entre los deudores de hasta 25 años, el 40% no está al día con sus obligaciones. Este porcentaje desciende levemente en la franja de 25 a 30 años. Históricamente, el mercado laboral fue más hostil para la juventud. A esto se suman nuevos factores, como las apuestas online. La recaudación por esta vía subió un 40% interanual en el acumulado a julio de 2026, con un salto del 27,8% mensual en julio de 2026. El deterioro temprano del historial crediticio puede restringir el acceso al crédito formal en el mediano plazo, incluso si las condiciones laborales y de ingresos mejoran.
¿Cuáles son las consecuencias económicas de la deuda impaga?
Los efectos negativos de la morosidad se extienden al sistema financiero, el consumo y la producción. En el acumulado de enero a julio de 2026, el crédito al consumo (tarjetas de crédito, préstamos personales y prendarios) se redujo. Esto contribuyó a caídas en ventas de supermercados del -2,8% y de vehículos del -12,8% en el mismo período, afectando tanto el consumo masivo como el de bienes durables. Para el Tesoro, la expansión de la mora podría generar un problema más allá de la caída en la recaudación. Una mayor oferta de títulos públicos, si los bancos deben desprenderse de ellos por estrés de liquidez, podría encarecer el financiamiento del Tesoro y presionar las tasas de interés.
¿Qué alternativas de solución se analizan?
El equipo económico podría acordar alternativas de solución con el sistema financiero. Una opción es que las entidades financieras vendan voluntariamente al sector público una parte de la cartera en mora, principalmente la correspondiente a deudas inferiores a $1.500.000. De esta forma, el Estado asumiría un rol estabilizador del sistema. La ANSES y su Fondo de Garantía de Sustentabilidad podrían gestionar la compra, administración y refinanciación de esa cartera bajo criterios de rentabilidad y recupero. Esta medida podría liberar recursos para el consumo básico de las familias, mejorando la recaudación. El debate sobre el riesgo moral es atendible, pero es consistente con otros mecanismos como los blanqueos y moratorias que los gobiernos implementan regularmente. Sin embargo, si los ingresos y el empleo no se recuperan, el problema podría reaparecer.
